Mientras el Gobierno autoriza aumentos para gremios de sanidad y prepagas, el sector de discapacidad está abandonado por el estado y los gobiernos.
Las personas con discapacidad representan el 7.1 % de la población argentina y necesitan que los servicios que reciben, las instituciones a las que asisten y su vida en general, continúe sin que se avasallen sus derechos. Esto no es posible si los costos de vida aumentan y las instituciones, transportistas y profesionales del sector de discapacidad solo recibirán un 34% de aumento a terminar de cobrar en enero 2022, habiendo recibido en el 2020 solo un 10% de aumento en diciembre.
Los servicios que reciben las personas con discapacidad están abandonados y corren peligro de continuidad.
Es por esto que las instituciones, transportistas, profesionales y familias lanzamos un plan de lucha con diversas acciones:
El martes 10 de agosto se le entregó una carta al titular de la ANDIS, Fernando Galarraga, para exigirle que ponga como prioridad un aumento de emergencia para todas las prestaciones.
Ese mismo día, también se realizó la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones para Personas con Discapacidad. El primer tema tratado fue el de Aranceles. Luego de un extenso debate, el titular de la ANDIS, solicitó pasar a cuarto intermedio (de aproximadamente dos semanas). Esta moción fue aprobada por mayoría.
Finalmente, luego de la campaña iniciada [No al Quiebre del Sistema de Atención para Personas con Discapacidad], el Presidente de la Nación, el Dr. Alberto Fernandez, se comunicó telefónicamente con el Coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, Pablo Molero, para conocer con mayor profundidad la problemática que atraviesa el sector de Discapacidad. Y, aseguró que se ocupará personalmente del atraso de los aranceles de los prestadores de discapacidad.